domingo, 23 de enero de 2011

La Provincia de Aragón. 1813.

Xordica editó en 2008 uno de esos libritos de la colección Xordiqueta, del dibujante e historietista José Luis Cano titulado Las Sitiadas, con ocasión del bicentenario de los Sitios de Zaragoza para recordar el papel de las mujeres en esos hechos.
El Prólogo viene firmado por el profesor José Armillas, que fuera el Comisario del susodicho bicentenario y comienza con una anécdota: el 28 de marzo de 1808 las verduleras del mercado de Zaragoza agredieron y encorrieron al intendente-corregidor de Zaragoza (el alcalde impuesto a la ciudad desde el Consejo de Castilla, órgano de gobierno de Aragón desde que en 1714 fueron abolidas nuestras leyes e instituciones nacionales). La razón: el incremento del impuesto sobre el vino.
El intendente-corregido volvió a Madrid para nunca volver y el impuesto del vino se canceló. El profesor Armillas califica esta revuelta como “Una manifestación más del grado de alteración que vivió Zaragoza durante los meses de marzo a mayo de 1808”. Cuando se produce el “Dos de Mayo” en Madrid, en Aragón no había franceses, pero había muchísima indignación por el “mal gobierno, las alzas de los precios y la crisis de subsistencias”. La expulsión del intendente-corregidor castellano indica que el viejo Estado surgido de los Decretos de Nueva Planta borbónicos no gozaba de apoyo social en Aragón. La situación estaba madura para que el pueblo zaragozano ocupase la Aljafería (sede de la Inquisición) y destituyese y encarcelase al Virrey, nombrando a Palafox Capitán General. Este, a su vez, convocó Cortes de Aragón, que no se reunían desde hacía 100 años, para que legitimasen su poder y eligiesen una Junta de Gobierno que enviase representantes a las Cortes de Cadiz. Esto es lo que Josep Fontana denomina “la formación de un poder revolucionario” en su libro “La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833” editado por Crítica en 1979. Esas Cortes de Cádiz aprobaron la primera Constitución Española, en el intento de construir un Estado Moderno.
En el libro “Estado Liberal y Provincial: Los orígenes de la Diputación de Zaragoza”, la autora Alicia Sánchez Lecha nos indica que en 1813, tras la retirada de las tropas francesas de Aragón, la Junta Superior de Gobierno de Aragón (la nombrada en Cortes de Aragón) presenta el proyecto provisional de Partidos de la Provincia de Aragón, en cumplimiento de la Constitución. 26 partidos judiciales que dibujan un mapa de Aragón similar al de las actuales comarcas. Sin embargo, la vuelta de Fernando VII “El Deseado” significó la vuelta también del Antiguo Régimen y todas estas reformas se truncaron y no pudo ser hasta 1833, con la muerte del Rey y el triunfo de los reformistas isabelinos cuando se pudieron aplicar. Cuenta la autora que al final ganó la tendencia de dividir el Estado en un elevado número de provincias, haciendo caso omiso de las voces que cuestionaban esa pretensión por el aumento de gasto que ocasionaría al Estado en un momento de crisis económica y social grave. En Madrid decidieron dividir Aragón en tres provincias y así se quedó la cosa.
La Constitución de 1978 trajo de nuevo el concepto de autonomía política, y las tres provincias aragonesas se constituyeron, como es natural, en Comunidad Autónoma que por medio de sucesivas reformas de su Estatuto de Autonomía alcanzó, casi, el máximo techo competencial que la Constitución permite. Sin embargo, tanta autonomía incomoda a los centralistas recalcitrantes que campan por la Villa y Corte quienes están aprovechando la actual crisis económica y social para exigir al Gobierno del Reino de España que recorte la autonomía porque genera mucho gasto. El mismo argumento que usaban quienes defendían que hubiese menos provincias en el Siglo XIX, o sea, aquellos que defendían que Aragón mantuviese su integridad y no fuese troceada.
Estudiando la Historia, la respuesta es sencilla desde Aragón: que sean fusionadas las tres provincias aragonesas en una sola, siguiendo lo planteado en su día la Junta de Gobierno de Aragón elegida por las Cortes de Aragón en 1808, pase Aragón a constituirse en Comunidad Uniprovincial y todo el personal, servicios y Presupuestos de esas instituciones decimonónicas y carpetovetónicas pase bien a las comarcas, bien a la Diputación General de Aragón. Y si parece que el número de 33 comarcas es excesivo, que se miren el mapa de los Partidos Judiciales de 1813, que no había más que 26. Si de verdad se quisiese ahorrar en Presupuesto eliminando duplicidades, esta solución sería bien acogida. Pero mucho me temo que en realidad, quienes claman desde la Villa y Corte por el recorte autonómico el gasto y las duplicidades les importan un comino. Lo que quieren es un poder centralizado desde el que puedan dirigir autocráticamente todas las provincias del Reino de España y para lo que esto de las autonomías es un obstáculo democrático.